zona critica

• En el discurso de los derechos humanos hay muchas cuestiones incoherentes. Por un lado, está su imposibilidad de materializarlos integralmente; no existe forma de que todo individuo, destinatario de derechos, pudiera gozar de ellos por igual. Es un problema de falta de sustentabilidad; no alcanzarían los recursos, ni los sistemas tendrían la infraestructura necesaria para ello. Entonces, gran parte de los derechos se convierte en “buenos deseosâ€�.
  La reflexión anterior nos lleva a considerar que el tan mencionado contrato social, se basa en obligaciones que, normalmente en su mayoría, no se cumplirán. Se trata más bien de una especie de industria de los derechos, siempre en una supuesta cadena de producción que los va volviendo más sofisticados; la promesa/oferta se torna más sofisticada, mientras persiste la imposibilidad de satisfacer la demanda.
  Siguiendo a Giorgio Agamben en su formulación sobre “el Estado de excepción permanente� quien, a su vez, se basa en las tesis históricas de Walter Benjamin, podríamos ir más allá y cuestionarnos si acaso el Estado ha trastocado el contrato social, y ahora es más lo que nos quita que lo que nos da.
  Esto último evidencia la clara visión de la naturaleza neoliberal de los derechos humanos, que se comportan dentro de una línea de producción en la cual la empresa llamada Estado, invierte mucho en su publicidad, sabiendo de antemano que no podrá cumplir con la demanda; por ello crea maneras de evadir su cumplimiento: a través del miedo, destinando supuestos recursos de última hora a campañas imprevistas e improvisadas para atender a los peligros que aparentemente atacan su existencia. La razón de Estado es entonces el primer gran distractor y el pretexto para trastocar el contrato social y pasar a un escenario de emergencia donde los derechos son aplazados o incluso, conculcados.
  Por otro lado, nos encontramos la impronta individualista. Los derechos se piensan como una especie de reclamación que los miembros de la comunidad política ejercen de manera individual, sin considerar las implicaciones sociales y repercusiones que esta demanda tendrá en el colectivo. Podríamos decir que al Estado le conviene esta postura pues justifica su existencia e impide una visión crítica e integral del problema, nos convierte en consumidores voraces.
  Además, el discurso de los derechos exacerba el egoísmo propio de la política moderna, los hombres devienen mónadas defendiéndose de su entorno y de las demás personas; se plantea una vez más la necesidad del Estado como árbitro e intermediario entre deseos inaplazables, inalcanzables, irrealizables; aún las promesas requieren administración.
  El diseño occidental y modernista de los derechos no sólo fracasó por su inviabilidad o por su falta de sustentabilidad, sino que generó sistemas de doble discurso; lo que originó graves injusticias bajo su manto. Los derechos ya existían durante los totalitarismos europeos, y estaban consignados en distintos ordenamientos nacionales e internacionales; diversas instituciones los tutelaban e incluso coexistieron con regímenes autocráticos en todo el mundo.
  Apellidar humanos a los derechos sólo fue parte del mismo plan para poder seguir proponiéndolos como una opción válida; un poco de barniz para seguir ocupándolos como panacea salvífica y taumatúrgica para todos los problemas sociales. Pero, de hecho, no existen otras propuestas, y resulta blasfemo hablar de su fracaso, lo cual es parte del mismo problema, es decir, de su dogmatismo. Se trata de un discurso hegemónico y epistemicida: hacer pensar que no hay más opciones es parte del propio programa político que los diseñó. Curiosamente, a través de un ejercicio analéctico -propuesta de la Filosofía de la Liberación- que supone no conformarse con una oposición inerte, sino dialogante y autónoma, podríamos descubrir que hay muchas más opciones; la propuesta aquí es derivar una teoría de los derechos de la llamada Filosofía Latinoamericana.
  Alfonso Reyes en su ensayo Notas sobre la inteligencia americana, detalla algunas características que, a su parecer, son propias del pensar latinoamericano; y sobre las cuales se podría replantear el modo en que concebimos los derechos. Para Reyes estos deberían ser una institución con “mayor vinculación social�, con más apertura hacia otros saberes, más atentos “al aire de la calle; entre nosotros no hay, no puede haber torres de marfil…como servicio público y como deber ciudadano�. Entonces, habría “otra� manera de entender los derechos humanos derivada de los cientos de inconsistencias que tiene la propia teoría.
  Una primera aproximación, muy sencilla, es pensar en aquellos mundos donde los derechos humanos no existían como planteamiento estatal. Seguramente en este momento más de uno tuvo un shock: pero ¿cómo? si se nos ha dicho que son intrínsecos a la persona humana. Ese es precisamente el punto, la titularidad. El que deseemos ser respetados supone que sentimos el miedo de ser atacados; entonces entendemos los derechos como una especie de límite que los demás deberían acatar y el Estado vigilar y sancionar cuando eso no sucediera; ese límite lo es también para el Estado. La propaganda derechohumanista necesita del Estado para subsistir; sin embargo, contradictoriamente, en la mayoría de los casos es esta institución política la que vulnera los derechos humanos.
  Allí donde no ha existido forma de Estado, funcionan mecanismos antropológicos mucho más eficaces, basados en una dinámica de relaciones interpersonales que toman como base el sentido común y el principio de no agresión. Algunas y algunos estudiosos han llamado a este mecanismo societario “regla de oro� o la idea del “juego limpio�. En su forma perfecta se enunciaría más o menos así: “trata a los demás como querrías que te trataran a ti�; o en su forma imperfecta: “no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti�; por eso también le llaman regla de plata. En cada cultura se enuncia de manera distinta; filósofas y filósofos de todas las épocas la han enunciado con variaciones; se trataría de una ética del altruismo que no pretende establecer estándares sino, simplemente, proponer una postura de vida práxica.
  Ello nos propone otro tipo de visiones societarias desde América Latina. Sólo por citar algunos ejemplos la ética del buen (con)vivir (sumak kawsay), el nostrismo latinoamericano, el nosotrismo, el comunitarismo, el coexistencialismo. Estos paradigmas proponen no sólo la presencia del otro, sino del nosotros. Las relaciones de interconexión, interdependencia y reciprocidad forman parte de un planteamiento distinto, que supone la simbiosis entre los seres vivos y su entorno que, a través de pactos explícitos e implícitos, reformulan su existencia.
  Una ecología de saberes que plantea infinitas relaciones (co)existenciales de respeto y colaboración. No se trata sólo de sujetos apropiándose de lo que pisan y tocan, sino entendiendo y considerando con cautela su paso por el mundo. No constituye simplemente un sistema preestablecido, sino un orden espontáneo, una ecología social e incluso constitucional que no pretende clasificar a priori, sino permitir la complejidad; donde pasado, presente y futuro se integran en un pensamiento espiral.
  Este modelo constitucional supone un intrincado número de ramificaciones, que podrían representarse como la imagen del árbol de la vida, común a muchos pueblos; de donde se origina el mundo, la sociedad, el poder; simbiosis, vitalismo, respeto por la tierra y sus elementos, conciencia ambiental y cósmica que se vuelve proporción y equilibrio. Sólo es cuestión de que nos decidamos a pensar en otros mundos posibles, donde las personas podamos, colaborando, alcanzar nuestros anhelos.
  Notas y referencias

La pregunta que da título al presente ensayo fue extraída de un texto titulado 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto Colombiano. Una idea que fue moldeándose paso a paso y gracias a las diferentes inquietudes que surgían en relación con el tema, pero especialmente, debido a una preocupación pedagógica de cómo acercar a muchas personas al conocimiento de una temática tan compleja y coyuntural como la del conflicto nacional.
Este libro, cuya primera edición vio la luz en el año 2017, tuvo una estrategia de reinvención; en conjunto con la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, al promover un programa radial que llevó el mismo nombre y en el que no solamente se desarrollaron las temáticas planteadas en el texto, sino que también se ampliaron los horizontes de compresión, al poder escuchar la voz de personas expertas y de testigos directos de acontecimientos que han marcado nuestra historia nacional.
Finalmente, es claro que el conflicto colombiano posee múltiples lecturas y arrastra pasiones enfrentadas. Por esta razón, una de las reglas principales de este trabajo ha sido sustentar muy bien todas las afirmaciones, deducciones e interpretaciones que se hacen a lo largo del texto. Asimismo, tampoco se busca responder a la pregunta de qué está bien o qué está mal, quién tiene razón o quién no la tiene, pues aspiramos a que todos nuestros lectores encuentren un texto imparcial, del que puedan sacar sus propias conclusiones.
¿Qué son los llamados “falsos positivos�?
Conocidos en el Derecho Internacional Humanitario como “ejecuciones extrajudiciales�, los “falsos positivos� fueron el nombre con el que se dieron a conocer en el país los asesinatos de civiles a manos de la Fuerza Pública, con el fin de hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate en el marco del conflicto.
Sin embargo, un informe del “Centro de Investigación y Educación Popular/ Programa por la Paz� (CINEP PPP), escrito por Alejandro Angulo Novoa en el año 2011, identifica 941 casos de falsos positivos entre 1988 y 2011 en Colombia. Una clara prueba que demuestra que los denominados falsos positivos no eran una estrategia nueva, sino una táctica recurrente desde tiempo atrás, utilizada por las Fuerzas del Estado. Además, el mismo Angulo Novoa, refiere una tabla estadística tomada del informe Noche y Niebla, en el que las referencias a “falsos positivos� datan, incluso, desde el año 1984:

Pero fue durante el periodo 2004 – 2010, que dicha práctica en el país se hizo, cada vez más recurrente, con la desaparición y posterior muerte de jóvenes en distintas partes del territorio nacional. Uno de los casos más impactantes sería el de la desaparición de 19 jóvenes de Soacha (Cundinamarca), quienes habían sido contactados a comienzos del 2008 bajo la promesa de recibir ofertas laborales. Días después, aparecerían muertos y presentados como bajas guerrilleras en supuestos combates en distintos lugares del nororiente colombiano.
De igual manera, informes como los presentados por María José Medellín y Juan David Laverde, demuestran lo aberrante de estas prácticas, las cuales fueron, incluso, llevadas a cabo contra personas que sufrían algún tipo de discapacidad y que, tras ser asesinados, fueron presentados como miembros de algún grupo guerrillero:
Ocurrió el 18 de marzo de 2005. Fabio Nelson Rodríguez salió de su casa para buscar un caballo e ir a jugar un partido de fútbol. Vivía entonces en la vereda Llanos de Urarco, en Buriticá (Antioquia). A las 10 de la mañana de ese día lo interceptaron miembros del Ejército que al llenar los papeleos de su muerte dejaron escrito que en la llamada Operación Medusa había caído un ayudante de la guerrilla. Desesperados por su ausencia, la familia de Fabio empezó a buscarlo por cielo y tierra. Su hermana María Ernestina logró hablar con el comandante del Ejército en esa región del país. Le dijeron que todo estaba bien, que Fabio, quien no podía ni hablar ni oír, estaría de regreso pronto. Su familia lo esperó en vano por quince días. Hasta que al fin apareció en un anfiteatro de Medellín. A él lo reportaron como un integrante de las Farc al que se le incautó un revólver calibre 38 con cinco balas por disparar. La justicia documentó que Fabio Nelson era incapaz de atentar contra nadie y condenó el 17 de abril de 2012 a los uniformados Iván González, Luis Solarte, Jeimin Valoyes, Santiago Guerra, Carlos Agudelo y Óscar García. Un crimen que todavía resuena en Buriticá.

Para muchos, entre los que se encontraban políticos de oposición y organismos de defensa de derechos humanos, la responsabilidad de tales crímenes recaía directamente sobre el Estado, pues había sido el mismo Ministerio de Defensa, en cabeza de Camilo Ospina, y bajo la Directiva 29 de 2005, quien había promovido la idea de ofrecer incentivos, especialmente económicos, para aquellos agentes de la Fuerza Pública que presentaran resultados en “bajas� de guerrilleros y paramilitares.
En uno de los apartados de la directiva se recalcaban los criterios de valoración sobre los integrantes de los grupos al margen de la ley y se cuantificaba económicamente el hecho de capturarles o darles de baja. Tales incentivos, fueron criticados por muchos y considerados como una motivación para las Fuerzas Armadas que, lastimosamente, terminó en decenas de denuncias relacionadas con “Falsos Positivos�.

Es de anotar que, para el año 2012, la Comisión Colombiana de Juristas radicó un derecho de petición al Ministerio de Defensa en el que solicitaba claridad sobre la supuesta derogación de la Directiva 29 de 2005, ante lo que el Ministerio se limitó a responder:
Actualmente la Directiva Ministerial Permanente 021 de 09 de julio de 2011 es aquella que reglamenta los criterios para el pago de recompensas… Las Directivas en mención son documentos clasificados que tienen reserva legal, su circulación es restringida y su contenido consagra temas estrechamente ligados con la seguridad y defensa nacional. En consecuencia, la no expedición de copias de dichos documentos tiene soporte legal en criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

Bajo este escenario, organismos como “Human Rights Watch� (HRW) han ido más allá, al investigar y presentar un informe pormenorizado en el que amplían el modelo de análisis y comprensión del fenómeno de los llamados “falsos positivos�, vinculando la responsabilidad que en estos pudieron llegar a tener los altos mandos de la Fuerza Pública, de los cuales algunos de ellos han venido siendo investigados y otros citados a declarar por parte de la Fiscalía. En su balance para 2015, “Human Rights Watch� (HRW) analizó once brigadas militares del país, arrojando como saldo 1.287 presuntos “falsos positivos� cometidos por militares colombianos.
De igual manera, pero en relación con investigaciones nacionales, al mes de junio de 2015, la Fiscalía reportó 5.137 investigaciones contra agentes del Estado, de las cuales 2.308 están activas en la fiscalía especializada de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (DIH). En cuanto a condenas, la Fiscalía ha proferido 923 en contra de miembros de la Fuerza Pública. Además, es importante anotar que 1.387 procesos se encuentran siendo estudiados en la justicia penal militar.
Del mismo modo, instancias como el Consejo de Estado de Colombia resolvió, en relación con tres casos emblemáticos perpetrados en el año 2007, exigir una reparación integral que fuera mucho más allá de la simple reparación económica.
En consecuencia, para que obre una reparación integral, las sentencias deben ser remitidas al Centro de Memoria Histórica, a fin de que se constituyan en evidencias del conflicto armado que azota a Colombia. Además, tanto el Ministerio de Defensa como el Ejército, por un período ininterrumpido de un año, tendrán que difundirlas por todos sus medios de comunicación […] De igual manera, la nueva jurisprudencia del Consejo de Estado dispone que el ministro de Defensa, el comandante de las Fuerzas Militares y los jefes de las unidades comprometidas en los hechos tendrán que hacer actos públicos de reconocimiento de responsabilidad, petición de disculpas y homenaje a la memoria de las víctimas.
Sin embargo, familiares y apoderados de las víctimas han denunciado desde amenazas hasta mecanismos de impunidad entre los que se encuentran la desaparición de documentos y la libertad de militares involucrados, bajo el argumento del vencimiento de términos.
Finalmente, en el marco de los acuerdos de justicia firmados en los Diálogos de Paz de La Habana en el año 2015 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y en los que se planteaba la constitución de un tribunal especial para juzgar las acciones cometidas en el conflicto y también los delitos considerados de lesa humanidad, algunos militares acusados de “falsos positivos�, entre ellos el coronel Robinson González del Río, manifestaron su deseo de acogerse a este modelo de Justicia Transicional. En el año 2021, la Justicia Especial de Paz (JEP) comunicó a la opinión pública, luego de distintas investigaciones y peritajes especializados, que los denominados “falsos positivos� superaban los 6.000 casos en el periodo 2002 – 2008.
Sin embargo, existen otras versiones acerca del tema de los falsos positivos, como las del abogado Fernando Antonio Vargas del Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla ―víctima de un atentado por parte de las FARC y, hoy, exiliado en España―, autor de los libros Un país sin derechos (Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla, 2001) y Memoria histórica de las FARC. Su verdadero origen (2015) ―escrito en coautoría con Elkin Gallego― quien se ha pronunciado, reiteradamente, en la última década en el siguiente tenor:
La verdad es que los falsos positivos son una gran campaña propagandística que la izquierda logró montarle al Ejército en los últimos años. Los llamados falsos positivos son, simplemente, resultados operacionales que el Ejército de Colombia ha logrado obtener en la lucha contra las estructuras milicianas a lo largo y ancho de Colombia. Si a esto le sumamos la guerra jurídica, unos ficales sesgados pro-subversivos ―o, como dirían ellos pro-insurgentes― y les sumamos unos procuradores judiciales incapaces de cumplir con su función, unos abogados defensores no muy bien seleccionados que, les da temor exigir las garantías judiciales en los procesos en defensa de los soldados colombianos y se corona esta gestión con unos abogados de parte civil y unas familias interesadas en ganarse 400.000 dólares por cada muerte que produce en combate el ejército colombiano y a esto le sumamos unas ONG internacionales y una gran campaña internacional, pues nos da el resultado que tenemos hoy, conocido como falsos positivos que están acabando con la capacidad operativa y moral del ejército. Esto, en el fondo, no es más que pura propaganda. Me consta, textualmente, que lo que ocurre es que hay unos fiscales totalmente soberbios en el ejercicio de su cargo, sesgados, prosubversivos, con una ideología totalmente comunista que gozan condenando a inocentes soldados en Colombia. Llamar a juicio a un soldado es sumamente fácil (…) es que un soldado no tiene dolientes, entre otras cosas, yo creo que estos llamados falsos positivos, en el fondo, son falsos positivos judiciales, lo que sirve para que mucho operario de justicia, mucho empleado judicial mejore el resultado estadístico de su labor porque condenar a un puñado de soldados es más fácil que condenar un narcotraficante o un guerrillero en Colombia porque, seguramente, el temor a la retaliación paraliza al operador de justicia en esos eventos. Retaliación que no existe en el caso de los soldados. Los soldados desafortunadamente son, también, increíblemente abandonados por el mando militar y es sumamente triste ver a los soldados en una audiencia pública solos frente a una completa jauría de operarios judiciales, de abogados de parte civil interesados en ganarse unos dividendos muy grandes y de unas familias que, hipócritamente, lloran a sus muertos a sabiendas de que eran o participaban en actividades delincuenciales. Lo que a mí nadie me ha podido explicar de acuerdo a mi propia experiencia como abogado defensor a lo largo y ancho de Colombia es por qué el 95% de los dados de baja en las operaciones militares, ahora llamados falsos positivos, tienen antecedentes judiciales por secuestro, por porte ilegal de armas, por tráfico de drogas, por cantidad de delitos.
Por otro lado, se encuentra, también, la posición del Coronel Hernán Mejía Gutiérrez, quien lograra demostrar que, en su edición 1291 del 29 de enero de 2007, la Revista Semana mintió, al afirmar que él había recibido una condecoración del Ejército Nacional de Colombia por su alianza con el paramilitar “Jorge 40�. En su libro Me niego a arrodillarme, donde acusa al gobierno de Juan Manuel Santos y a presuntos colaboradores de las FARC en todas las ramas del poder público y, hasta en la estructura eclesiástica, de comenzar y desarrollar un proceso de criminalización del Ejército Nacional de Colombia frente a la opinión pública colombiana y la comunidad internacional, en vistas a igualarlo con sus grupos insurgentes y sustentar la justicia transicional, comprando con prebendas el apoyo de la cúpula militar en esta campaña de desprestigio en la que los falsos positivos fue la joya de la corona. Según el Coronel Hernán Mejía:
Criminalizar al Ejército Victorioso era la única forma de debilitarlo ante la sociedad y llenar las cárceles con los mejores soldados es la mejor arma para quebrantar su voluntad de lucha. Nadie los defendió cuando ellos le dieron la vida por tantos. Vendieron la horrorosa idea que defenderlos sería una vergüenza para la Institución, pero justificar los crímenes y proponer el perdón a los terroristas son actos de paz.
Los soldados distinguidos en combate han sido las víctimas predilectas del gobierno negociador. El proceso de paz es una descomunal hipocresía que esconde los verdaderos intereses geoestratégicos y políticos de varias potencias con fines de control desde oriente hacia occidente.
Quizá el mayor cinismo del gobierno Santos está en la escondida guerra contra las fuerzas militares. Con el pretexto de las negociaciones no solo frenó las operaciones ofensivas, sino que se deshizo de los líderes en combate y se inventó el posconflicto para entregar de nuevo amplios territorios de la población a los subversivos armados (…)
Presentarles tres mil militares prisioneros era una condición que Santos se comprometió a cumplir desde años antes y la cumplió milimétricamente con el diabólico plan ejecutado por su Viceministro de la defensa y hoy Alto Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo Caro.
Los militares están siendo tratados como delincuentes de la peor calaña solamente con las versiones improbables de la prensa y años antes de la decisión del juez. La institución les quita sus sueldos, sus derechos, denegando la presunción de inocencia. La sociedad los repudia ignorando que no se debe atormentar a un inocente, porque tal vez es un hombre cuyos delitos jamás existieron.

Así pues, como puede verse, hay posturas encontradas en torno al tema de los falsos positivos, su veracidad y la magnitud de los casos. Todavía, después de los Acuerdos de La Habana, siguen siendo asunto de debate y manteniendo la polarización al nivel de la academia, la política, los foros de opinión y la prensa nacional e internacional, convirtiéndose en uno de los puntos más álgidos de discusión en las ramas del poder público, sobre todo, en lo referente al aumento y financiación del pie de fuerza por parte del ejecutivo y el respaldo a las Fuerzas Militares, que algunos partidos políticos apoyan y recomiendan, mientras que otros condenan con fuerza y vehemencia.

El presente artículo tiene como objetivo describir y analizar la configuración del activismo de los Derechos Humanos en Argentina, focalizando en el Derecho a la Identidad, a fin de comprender los alcances, efectos y limitaciones de estas formas de activismo, teniendo en cuenta su carácter local y situado.
A estos fines es preciso recordar que el 24 de marzo de 1976, se desata la más sangrienta y cruel de todas las dictaduras en la Argentina, donde fueron secuestrados y desaparecidos alrededor de treinta mil hombres y mujeres en su mayoría militantes políticos. Estos fueron detenidos ilegalmente en centros clandestinos de detención, sometidos a diversas torturas, asesinados y desaparecidos. Paralelamente se llevó a cabo un plan sistemático de apropiación de niños y niñas, hijos e hijas de las personas secuestradas. Se estima que fueron apropiados alrededor de 500 niños y niñas durante el terrorismo de Estado y ello aconteció a través de dos modalidades: la inscripción falsa como hijo propio en el Registro Civil y la adopción pseudo-legal. La inscripción falsa consistía en anotar como hijo propio a un niño ajeno, una práctica que, tal como ha podido identificar Carla Villalta, tenía larga duración en nuestro país y gozaba de una amplia tolerancia social, siendo considerada como “otra forma de adopción� a pesar de ser un delito.
Frente a la masiva desaparición de personas, sus familiares comenzaron a movilizarse en forma individual, recorriendo comisarías, iglesias y hospitales. En la búsqueda de información y conversando con otras personas en la misma situación los familiares comenzaron a agruparse y a organizarse; así, en 1977, en plena dictadura militar, surge Madres de Plaza de Mayo. Algunas de aquellas mujeres-madres que reclamaban por sus hijos e hijas, también buscaban a sus nietos y nietas y ello las condujo a conformar una organización con estrategias y metodologías específicas para tal fin, que tuvo como primer nombre “Abuelas Argentinas con Nietitos Desaparecidos� y que luego se transformará en Abuelas de Plaza de Mayo. La búsqueda de los niños y niñas y sus padres se transformó así en el pilar de este grupo de mujeres que sostenían que su objetivo era “buscar a los nietos sin olvidar a los hijos�. En Argentina, el rol de los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado organizados ha sido clave, tanto en la construcción del paradigma de Derechos Humanos, como en el proceso de transición democrática.
Sofía Tiscornia advierte que “son diversos los significados que la defensa de los Derechos Humanos adquiere, según el tipo de organización política-institucional de Estado en la que son demandados�. En una dirección semejante Claudia Fonseca y Andrea Cardarello nos recuerdan que “los Derechos Humanos en su forma abstracta y descontextualizada poco significan. Cómo esta noción es traducida en la práctica –y sus consecuencias particulares- depende de relaciones de poder forjadas en contextos históricos específicos y expresadas en categorías semánticas precisas�.
De este modo, es importante comprender los derechos no como atributos atemporales sino, por el contrario, como constructos histórico-sociales atravesados por relaciones de poder, por ello mutables y objeto de diversas negociaciones y disputas. Tal como señala Sally Engle Merry, los Derechos Humanos son producto de las historias políticas e ideológicas locales y en la medida en que son un conjunto abierto y diversificado de ideas, ellos pueden ser apropiados creando, en ocasiones, nuevas categorías sociales. En este sentido resulta clave indagar en las formas y los sentidos locales que adquieren los Derechos Humanos y ello se enlaza indiscutiblemente con la historia social, cultural y política local.
En la Argentina, los sentidos que adquieren la retórica y el discurso de los Derechos Humanos tienen anclaje en los múltiples efectos de la última dictadura cívico-militar (1976-1983). Como señalé, la figura de los familiares fue un elemento determinante en la conformación y configuración de los Derechos Humanos en Argentina; y su práctica social y política en la lucha por recuperar a sus hijos, hijas, madres, padres, hermanos, hermanas y nieto/as puede entenderse como una forma de activismo.
Los trabajos académicos sobre activismo y movimientos de demandas de derechos constituyen una extensa área de estudios en Argentina. Sofía Tiscornia, a partir de su investigación con el caso de Walter Bulacio, señala que “en determinadas circunstancias histórico-políticas la agencia del activismo en Derechos Humanos está capacitada para limitar el poder de policía a través de estrategias político-jurídicas�.
María Pita, en su investigación con familiares de víctimas de violencia policial, sostiene que el carácter productivo de estos activismos reside “en su capacidad de ampliar el campo de lo público, de generar lazos y solidaridades horizontales�. Procurando aportar a este campo de estudios a partir mi investigación, comprendí al activismo como una “práctica política por la cual los sujetos se nuclean colectivamente a partir de una demanda particular, en general formulada en términos de garantía o ampliación de derechos. Ello supone, para los activistas, la elaboración de argumentos que legitimen la demanda, la construcción de redes de relaciones que permitan movilizar distintos tipos de recursos y el diseño de estrategias jurídico-políticas que permitan ubicarla tanto en escenarios locales como internacionales�.
En Argentina, el activismo de los familiares de las víctimas logró conceptualizar las desapariciones y el robo de niños y niñas como violaciones de Derechos Humanos, al tiempo que dio lugar a un proceso de justicia y búsqueda de la verdad que fue apoyado por el Estado.
El activismo de Abuelas de Plaza de Mayo y el Derecho a la Identidad
A continuación, me interesa focalizar en el activismo jurídico político que llevó adelante Abuelas de Plaza de Mayo, en la búsqueda y restitución de sus nietos y nietas apropiados para, luego, indagar en sus alcances y en los efectos que ha tenido.
Dentro de la diversidad de acciones realizadas por las Abuelas, se destaca su labor por visibilizar el robo de sus nietos en las esferas locales e internacionales, ser las impulsoras del derecho a la identidad, ha sido uno de sus mayores logros; y constituyó una herramienta legal en los juicios por la apropiación criminal de niños/as y en la restitución de sus nietos a sus familias de origen. Este logro se dio en consonancia con otras políticas públicas, también promovidas por Abuelas, en materia de Derecho a la Identidad, tales como el Banco Nacional de Datos Genéticos en 1987 y la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) en 1992.
La localización y restitución de 130 nietos y nietas, hasta abril de 2021, da cuenta de los logros y alcances del activismo jurídico-político desplegado por Abuelas. Sin embargo, quisiera extender la exploración más allá de esta situación e indagar sobre otros efectos inesperados que ha tenido su activismo.
En la tarea cotidiana de búsqueda de sus nietos y nietas apropiados, Abuelas de Plaza de Mayo ha desplegado una vasta cantidad de estrategias en pos de que ellos sean interpelados: campañas de difusión en radio, cine, televisión, teatro, entre muchas otras. Todas, acciones dirigidas a instar a aquellos jóvenes que “dudan� sobre su origen para que comiencen una búsqueda. En la construcción de esta interpelación a potenciales nietos y nietas, hubo una constante apelación a la importancia que tiene conocer la “verdadera identidad�.
Estas campañas de difusión se intensificaron a partir de 1997, y ello derivó en la presentación, en la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, de cientos de personas con dudas, jóvenes y adultos, que en muchos casos resultaban no ser hijos de desaparecidos. En este sentido, las campañas de difusión no se restringieron exclusivamente a sus nietos y nietas, sino que interpelaron a la sociedad toda. “La pregunta “¿Vos sabés quién sos?� fue un llamamiento a la reflexión social e individual. Desde entonces, son los propios jóvenes los que se acercan a la institución preguntando, dudando sobre su identidad: buscándose� (Asociación Abuelas de Plaza de Mayo).
En efecto, el resultado de la “reflexión social e individual� sobre los orígenes generó que muchos jóvenes se acercaran a Abuelas “buscándose�, pero la mayoría de ellos, hasta el momento, no resultaron ser hijos o hijas de desaparecidos. En búsqueda de sus nietos y nietas Abuelas lanzó una pregunta social y política que inevitablemente irrumpió en las biografías de muchas otras personas. La pregunta por la identidad que sembraron las Abuelas en nuestra sociedad se extendió más allá de los 130 nietos que pudieron encontrar; puesto que muchas personas a partir de “ellas� comenzaron a preguntarse por sus orígenes e identidad.
De este modo, la labor de sensibilización de las Abuelas sobre la importancia de conocer los orígenes y la existencia del Derecho a la Identidad, en tanto derecho por el cual reclamar, produjo una expansión de este derecho que desbordó su original contexto de producción e interpeló, de diferentes maneras, a gran parte de la sociedad argentina y al mundo habilitando otras búsquedas.
Fue así que, interpelados por Abuelas, repletos de inquietudes y buscando la forma de encontrar respuestas a sus dudas, en 2002, un grupo de personas que desconocían sus orígenes comienzan a nuclearse y a conformar organizaciones a fin de visibilizar sus búsquedas. La primera organización fue Quiénes Somos, que surge en 2002, en 2003 Raíz Natal, en 2010 Búsquedas Verdades Infinitas y Fundación Nueva Identidad, en 2014 Hermanas del Alma, Nuestra Primera Página y Colectivo Mendoza por la Verdad, en 2016 Hermanados por la Búsqueda, entre muchas otras que se expanden en todo el territorio argentino y también una enorme cantidad de blogs y páginas de Facebook.
Estas novedosas organizaciones sociales las integran personas que, en su mayoría, fueron inscriptas falsamente en el Registro Civil “como si� fueran hijos biológicos de las personas que los criaron. A lo largo de mi investigación con estos activistas observé que utilizan distintas nominaciones para autodefinirse: “inscriptos como hijos propios por sus padres de crianza�, “sustituidos�, “apropiados en democracia�, “adoptados ilegalmente/falsamente/irregularmente�. Pese a esta diversidad de nominaciones, en los últimos años la denominación “Buscadores� es utilizada mayoritariamente por los activistas.
El reclamo que realizan los Buscadores al Estado reside en el ejercicio “pleno� y la garantía de su Derecho a la Identidad y en la creación de legislaciones, protocolos y oficinas que se ocupen de sus búsquedas de origen. Si bien la lucha de Abuelas les permitió a los Buscadores “dudar, despertar, iniciar la búsqueda�, como me han referido, en su labor como activistas tienen como desafío la construcción de una demanda legítima en torno a sus búsquedas de origen. Los Buscadores procuran que sus casos sean considerados como violaciones de un derecho humano, es decir ser reconocidos social y públicamente como “víctimas� de un delito. De este modo, al tiempo que los Buscadores surgen y se nuclean inspirados por Abuelas deben realizar un sutil trabajo de diferenciación, ya que sus búsquedas son “parecidas pero diferentes� y por ello demandan políticas públicas específicas y diseñadas para tal fin.
Ahora bien, además de la indiscutible relación que tiene la labor de Abuelas de Plaza de Mayo con el surgimiento de estos nuevos activismos, es preciso considerar los sentidos que asume el parentesco en nuestra sociedad.
En nuestra concepción cultural del parentesco, la “sangre� adquiere un singular papel para comprender la familia. La importancia y el valor que adjudicamos a los lazos consanguíneos, radican en que estos son símbolos que representan el emparentamiento, la pertenencia a un determinado grupo y la continuidad del mismo. La biología, entonces, se vuelve un valor primordial en nuestra concepción del parentesco, puesto que solemos comprenderlo como una mera extensión de los lazos naturales. De este modo, la necesidad psicológica de sentirse “completo� a través de la identificación de nuestros orígenes genéticos, es el resultado de un valor socialmente construido que se basa en las relaciones de “sangre�. Por ello, en nuestra sociedad el conocimiento de los orígenes se vuelve un elemento “sustancial�, “clave� para la construcción de la “identidad personal�.
En suma, el surgimiento de estos nuevos activismos nos permite observar cómo los Buscadores, al tiempo que retoman plataformas discursivas y jurídico-políticas elaboradas por el activismo de Abuelas, las resignifican en función de sus propios objetivos. Así el activismo de los Buscadores amplía los sentidos atribuidos a la identidad, promoviendo una noción ampliada del Derecho a la Identidad que también se liga a otras formas posibles de separación de madres e hijos, de inscripción falsa de la filiación y de robo de niños y niñas en Argentina.
Consideraciones finales
En este texto describí sucintamente la configuración de los Derechos Humanos en Argentina y el rol destacado que ha tenido el activismo de los familiares en dicha comprensión y conceptualización para, a partir del caso de Abuelas de Plaza de Mayo, dar cuenta de los múltiples efectos de los activismos y las nuevas elaboraciones y demandas de derechos que ellos pueden habilitar, como el surgimiento de las organizaciones sociales de Buscadores.
En este sentido, la conformación de estas organizaciones de Buscadores nos habla de un período de transformación que no se limita a un puñado de personas que decidieron organizarse en pos de sus búsquedas individuales y para ayudar a otras personas, sino que puede comprenderse como un fenómeno emergente de una transformación en la sociedad, donde “buscar la identidad� se fue tornando un problema que debía ser atendido por el Estado.
La constitución de “la identidad y el conocer los orígenes� como un tema-problema, a partir del trabajo de Abuelas, desbordó los objetivos originales de la movilización de estas mujeres y dio lugar a nuevas formas de organización y de demanda por derechos. Y esto reconfirma que los derechos son el resultado del activismo de personas de carne y hueso y que, como este caso lo demuestra, pueden ser apropiados habilitando nuevas demandas de justicia.
En la Argentina, durante mucho tiempo, inscribir a un hijo ajeno como propio, sustituir su identidad y ocultarle sus orígenes, no era una práctica reprobable o cuestionable, por el contrario, era visto como un acto de “amor�, de buena fe y de protección, revestido por una actitud “salvacionista�. Como señalé, fue a partir de la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo, que este tipo de prácticas pudieron ser comprendidas, visibilizadas y nominadas como “apropiación de niños�, en tanto implicaron sustitución de identidades y, fundamentalmente, la conversión de los niños y niñas en “objetos� de los cuales se disponía libremente.
El surgimiento de los Buscadores inspirados por la lucha de las Abuelas, promueve una ampliación de la demanda por el Derecho a la Identidad y una ampliación de los sentidos construidos sobre la “identidad y los orígenes�, donde además de vincularlos con la apropiación criminal de niños y niñas durante la última dictadura cívico-militar, habilita una comprensión más amplia y de larga duración, ya que las prácticas de circulación coactiva de niños y niñas tienen una considerable profundidad histórica que se remonta a las campañas militares realizadas en el marco del genocidio indígena en Argentina.
De este modo, considero que la investigación histórica y antropológica pueden ofrecer elementos significativos en la revisión, registro y análisis de prácticas, hechos y discursos que han sido “naturalizados� y que a partir del activismo de los Derechos Humanos son resignificados y comprendidos desde nuevas perspectivas.
En este sentido, el activismo de los Buscadores nos interpela, como lo han hecho las Abuelas de Plaza de Mayo, pero desde un nuevo lugar y nos convoca a continuar trabajando en la visibilidad de la demanda por conocer los orígenes y la identidad y a elaborar estrategias creativas y colaborativas para que el Estado garantice el Derecho a la Identidad de todos y todas.

1. 1. Che Alejandra: Artista que apuesta a la transformación de la realidad desde una perspectiva clasista, feminista y anticolonial. Ha participado en el movimiento piquetero, en su momento de mayor desarrollo y en el pedido de justicia por los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki.
   Ilustra notas en distintos medios alternativos y forma parte del colectivo gráfico Vivas Nos Queremos – argentina, creando, recopilando y difundiendo el grabado como herramienta de comunicación de las luchas del movimiento feminista. Desde el colectivo de muralismo comunitario Muralismo Nómade en Resistencia pone color en las calles con propuestas de un mundo distinto.
   Es docente superior de educación artística formada en la Universidad de las Artes (UNA). Realizó el postítulo en Educación Sexual Integral (ESI) en el Instituto Universitario Joaquín V. González (2019).
   Publica gráficas en Facebook (Che Alejandra) y en Instagram @chealejandra_da

Esta obra forma parte de la serie de la artista en la I Muestra de Artes Visuales de la Revista de pensamiento crítico feminista «Waslalas».

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En medio del actual proceso globalizador, la empresa transnacional emerge como uno de los principales actores que inciden en las relaciones internacionales. A pesar de tener una naturaleza más transnacional que internacional, las dimensiones de sus actividades y su peso en las relaciones económicas a escala global, hace que adquieran gran relevancia para la sociedad internacional, y por consiguiente, para el sistema jurídico que la rige: el Derecho Internacional.
En consecuencia con ese escenario, el presente trabajo se propone realizar un breve recuento del desenvolvimiento de las relaciones entre el Derecho Internacional –en sus distintas etapas- y las empresas transnacionales. Decurso histórico en que se pasa de una total indiferencia, a la proliferación de iniciativas no vinculantes dirigidas a transformar el orden económico internacional, y por último al florecimiento de instrumentos de soft law centrados en la protección de los Derechos Humanos. Dicho recuento, permite apreciar las tendencias y la evolución de las normas internacionales que se han creado para regular las conductas de las empresas, en pos de una percepción clara del rumbo del Derecho Internacional en relación con estos actores.
Las empresas transnacionales ante el Derecho Internacional clásico

Por contemporáneo que parezca, el fenómeno de la globalización no es exclusivo de la actualidad. En otros momentos históricos hubo procesos similares en los que las relaciones sociales desbordaron las fronteras de los Estados, adquiriendo una dimensión global. De igual forma, también existieron relaciones sociales de naturaleza transnacional, que incluían la existencia de empresas con una esfera de influencia que, en comparación con la que poseen las actuales empresas transnacionales, es mucho mayor; en épocas tan lejanas al actual proceso globalizador como el siglo XVI. Al respecto señala Gilpin:
In one sense, multinational firms have existed for a very long time. The Dutch East India Company, the Massachusetts Bay Company, and other companies of merchant-adventurers were forerunners of today’s MNCs like IBM, Sony, and Daimler-Chrysler. These earlier transnational firms, however, were far more powerful than contemporary MNCs are; they commanded armies and fleets, had their own foreign policies, and controlled vast expanses of territory: the sub Asian continent (India, Pakistan, and Bangladesh), the East Indies (Indonesia), and South Africa. Modern MNCs are much more modest.
Eran sociedades mercantiles de capital privado que tenían por objeto realizar actividades comerciales entre una potencia determinada y los territorios entonces denominados de ultramar. Como estos eran colonias de las propias potencias en las que surgían las compañías, no eran, estrictamente, transnacionales. No obstante, debe señalarse que su actividad económica se desenvolvía a una escala transcontinental y llegaron a tener un poder tal que, en los territorios en que se asentaban, se producía la confusión entre lo público y lo privado.
La época de florecimiento de estas compañías coincide con la etapa del llamado Derecho Internacional clásico, eminentemente estato-centrista y relacional. No existía en aquel momento el Derecho Internacional Económico, y mucho menos el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Tampoco podía pensarse en la subjetividad de actores no estatales, por poderosos que fueran. Queda claro que, más allá de ser tangencialmente afectadas por la aplicación del Derecho de la paz o el Derecho de la guerra, por parte de los Estados, las compañías de Indias no constituían sujeto ni objeto de las relaciones jurídicas internacionales.
Las empresas transnacionales y el Derecho Internacional de la posguerra. En pos del nuevo orden económico internacional

La evolución del Derecho Internacional posterior a las guerras mundiales, determinó su ampliación, tanto en sus sujetos como en su objeto de regulación. Al propio tiempo, las décadas de los ´60 y ´70 del pasado siglo, vieron un crecimiento significativo de las empresas transnacionales en la economía mundial. Ciertamente existían desde antes; un buen ejemplo es la United Fruit Company, empresa estadounidense que ya se había expandido por América Latina en la primera mitad del siglo XX. Pero no es hasta la segunda mitad de esa centuria que dichas tansnacionales se volvieron un asunto de interés para el Derecho Internacional Público.
En esa dirección, y en el contexto de la propuesta en la ONU de un nuevo orden económico internacional por parte de los países del tercer mundo, se buscó crear un régimen jurídico internacional que permitiera regular el comportamiento de estas empresas. En este sentido, se buscaba que estas realizaran transferencias de tecnologías a los países en los que se asentaban, contribuyeran al desarrollo económico de estos y respetaran el Derecho vigente en ellos.
Así se venía orientando la Organización de las Naciones Unidas desde la década de los ´60; lo que se vio reflejado en el reconocimiento de la importancia del tema en la “Declaración sobre el Progreso Social y el Desarrollo� de 1969. Los intentos por regular la cuestión se orientaron, fundamentalmente, hacia normas no vinculantes. En los años sesenta, se comenzó a trabajar en un proyecto de código sobre las políticas en torno a las empresas transnacionales que, sin embargo, nunca se llegó a realizar.
La creación, en 1974, de una comisión del ECOSOC para el tema de las empresas transnacionales, propició la aparición de nuevos proyectos de códigos en los años 1983 y 1990. Ninguno de ellos llegó a buen puerto, pues la contradicción entre los países en desarrollo que demandaban un instrumento vinculante, centrado en los ordenamientos internos de los Estados, y los países desarrollados que preferían líneas directrices voluntarias, amparadas en el Derecho Internacional, no fueron resueltas .
Durante esta etapa aparecieron, también, instrumentos no vinculantes de otras organizaciones internacionales, que intentaron establecer normas regulatorias del comportamiento de las empresas transnacionales. En ese sentido, destacan la Declaración Tripartita de la OIT sobre el tema, y las Líneas Directrices de la OCDE para las empresas multinacionales. Ambas establecían normas sustantivas de cumplimiento voluntario, así como mecanismos para monitorear su cumplimiento.
De los años noventa a la actualidad. Los Derechos Humanos como centro de la atención

Con la llegada de la década de los ´90, el neoliberalismo se convirtió, en relación con la economía, en la ideología dominante. Se abogaba por el repliegue del Estado en la economía; no sólo en su rol de Estado empresario, sino también como Estado regulador. Para el neoliberalismo, la desregulación económica y financiera es esencial para asegurar la prosperidad, cuyo éxito debe depender de la autorregulación del mercado. La demanda de un nuevo orden económico internacional en favor de los Estados tercermundistas cayó en saco roto, ante la aceptación, por la mayoría de estos, de la ideología neoliberal.
Consecuentemente, el consenso internacional en torno a esta ideología suponía el fin de los intentos por establecer normas que regularan el comportamiento de las empresas transnacionales desde el Derecho Internacional. Así, después del proyecto de código de 1990, en 1994 fue abandonado el proceso de creación de un código voluntario para regular el comportamiento de las empresas transnacionales.
No obstante, la necesidad de control al comportamiento de las empresas, especialmente en el tercer mundo, no desapareció. En varios casos, se daban situaciones de violaciones a derechos humanos que eran cometidas o toleradas por las empresas. Comenzó a desatarse una presión social contra estos comportamientos. Esto tuvo su corolario en el caso de Nike, en el que los movimientos sociales obligaron a la empresa a adoptar una posición más proactiva, en relación con la protección de los Derechos Humanos en su actividad económica. Al propósito de este caso señalaba Ruggie:
A perfect storm of bad publicity enveloped Nike throughout the 1990s. It included violent strikes at several Indonesian factories; union-organized summer internship programs for American college students on how to campaign against large corporations, out of which emerged a national coalition to put on alert campus stores selling, and athletic teams wearing, Nike and similarly sourced products; an “International Nike Day of Protest� in twenty-eight U.S. states and twelve countries; plus highly unflattering feature roles in the acerbic Doonesbury cartoon strip, a Michael Moore documentary, two CBS news programs, the “Battle of Seattle,� as the demonstrations that shut down the World Trade Organization 1999 ministerial meeting came to be known, as well as in Naomi Klein’s book, No Logo, often referred to as the “bible� of the antiglobalization movement.
Por la vía del Derecho Interno, y desde el año 1980, una de las soluciones que se buscó para lograr la responsabilidad de las empresas por actos violatorios de los Derechos Humanos, fue aplicar la Alien Torts Claim Act. Esta fue una antigua legislación estadounidense del siglo XVIII, que permitía a extranjeros entablar un litigio ante los tribunales norteamericanos por hechos cometidos fuera de los Estados Unidos, siempre que estos violaran la legislación del país norteño o un tratado del que este fuera parte. Aunque la ley se había pensado para hechos como la piratería y había sido poco aplicada; al entenderse los Derechos Humanos como parte de “tratados de los Estados Unidos�, se vio en ella una potencial brecha por la cual podía demandarse a empresas que cometiesen violaciones en otros países. No obstante, al cabo del tiempo, puede decirse que ha sido muy escaso el éxito de las demandas interpuestas en virtud de esta ley.
En el año 2000, y consecuentemente con los objetivos del milenio, el secretario general de ONU, Kofi Annan, tuvo la iniciativa de crear el Pacto Global. Este no constituía un instrumento contentivo de normas jurídicas sino, más bien, una especie de plataforma para integrar a las empresas en el cumplimiento de diez mandamientos, redactados a modo de principios generales:
Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia.
Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices en la vulneración de los derechos humanos.
Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.
Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.
Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil.
Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación.
Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente.
Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental.
Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medioambiente.
Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión y soborno.
El Pacto Global es un mecanismo por el cual las empresas se comprometen a aplicar estos principios en su día a día; lo cual se comprueba a través de los mecanismos de que goza el propio pacto:
One of the explicit commitments that a company makes when joining the Global Compact is to submit annual Communications on Progress (COP) using reporting indicators such as the Global Reporting Initiative (GRI) Guidelines. The COP must be placed on the UN Global Compact website and shared widely with the company’s stakeholders.73 A violation of the Global Compact Policy on COP will result in a change in a participant’s status from ‘active’ to ‘non-communicating’ to ‘inactive’, and eventually results in the delisting of the participant.
Sobre este mecanismo, debe apuntarse que se trata de un medio más político que jurídico para incidir en las conductas de las empresas, pero al surgir en el seno de las Naciones Unidas, debe tenerse en cuenta.
Simultáneamente, desde el año 1998, la Subcomisión de la ONU para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos venía trabajando en un instrumento no vinculante que sistematizó bajo qué presupuestos debían ser responsables las empresas transnacionales por violaciones a los Derechos Humanos; que fue completado en el año 2003, y que se denominó Normas sobre la Responsabilidades de las Empresas Transnacionales y Otras Empresas Comerciales en la Esfera de los Derechos Humanos. Amparado en el ya existente Derecho Internacional de los Derechos Humanos, intentó ir más allá de este, estableciendo estándares muy precisos que las empresas debían cumplir.
Sin embargo, cuando fue presentado en el año 2004, ante la Comisión de Derechos Humanos del ECOSOC, fue tratado como un instrumento controvertido y, en última instancia, no fue adoptado. Ello se debió, fundamentalmente, al rechazo de las propias empresas al alcance de la responsabilidad que se proponía para ellas. Especialmente, en el plexo de derechos reconocidos, que excedía al que era exigible a muchos Estados, y el nuevo concepto de esfera de influencia, introducido por las Normas.
El fracaso de las Normas, llevó a que en el año 2005 se nombrara un representante especial del Secretario General de las Naciones Unidas para el tema de las Empresas y los Derechos Humanos. Este cargo sería asumido por el profesor John Ruggie. Su primera decisión fue, en vistas de los resultados obtenidos, ignorar las normas presentadas antes, y hacer borrón y cuenta nueva. Tomó muy en cuenta la significación que tuvo el rechazo de las empresas a las normas, en la no aceptación de estas y, en consecuencia, orientó su trabajo hacia la articulación de consensos entre los actores involucrados, a saber, empresas, Estados y sociedad civil; intentando tomar en consideración los intereses de todos.
Así, en el año 2008, Ruggie presentó una propuesta: el marco Proteger, Respetar y Remediar, que fue aceptado por unanimidad por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Este llevaría a la elaboración de los principios rectores en 2011, que establecieron un grupo de pautas a seguir por los Estados y las empresas. Estos principios rectores se configuraron como instrumento no vinculante y, por tanto, no generaba obligaciones jurídicas; fueron aprobados en el propio año 2011, por el Consejo de Derechos Humanos.
El contexto de la creación y aprobación de la plataforma proteger, respetar y remediar, y de sus principios rectores, fue propicio para la aparición de otros instrumentos relacionados con el tema. Así, en materia de estandarización, se crean, de la mano de varias ONG, las normas ISO 26000, que abordaban el tema de la responsabilidad social empresarial. Igualmente, fueron modificadas las líneas directrices de la OCDE, que databan de una etapa anterior, para añadirles un capítulo sobre Derechos Humanos. También se aprobaría una estrategia sobre responsabilidad social empresarial en la Unión Europea; y la Corporación Financiera Internacional, adscripta al Banco Mundial, actualizó su política de sostenibilidad. Todos estos instrumentos se mantenían en el terreno de los instrumentos no vinculantes.
A instancias de Ecuador, en el año 2014, se llevó a cabo un intento de poner fin a la larga cadena de instrumentos no vinculantes en relación con este tema, y se propuso crear uno que superara esta cuestión. Tras la aprobación de la iniciativa en el Consejo de Derechos Humanos, comenzaron los trabajos de preparación. La primera versión del proyecto de instrumento vinculante fue presentada en el año 2018; y una nueva versión, con modificaciones en el 2019. Al momento de escribirse este trabajo, continúan las negociaciones en torno a su redacción.
A modo de conclusión:
Como puede observarse, se avanzó de una total falta de regulación a la producción de instrumentos centrados en cambiar el orden de relaciones económicas internacionales. Con el casi abandono de este propósito, los Derechos Humanos han centrado la atención en la regulación de las conductas de las empresas transnacionales.
En todo caso, se puede apreciar con claridad, una marcada preferencia por los instrumentos no vinculantes para este tema, tanto antes como después del ascenso del neoliberalismo. El proyecto que actualmente se negocia en el Consejo de Derechos Humanos sería, de llegar a entrar en vigor, la primera excepción de esta regla.

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El sustento del discurso político se puede descubrir al contestar las siguientes preguntas: ¿quién es el ser humano para el Estado?, ¿qué tipo de relación se da entre estos dos? y ¿cómo se define y se debe construir el bien común en una sociedad? Dependiendo de las respuestas a estas interrogantes y del análisis del contexto concreto, se postulan los medios para lograrlo. Por lo que una manera de analizar las estructuras conceptuales del discurso político es, precisamente, indagar cómo responde a esas cuestiones. Este mismo ejercicio crítico puede aplicarse a cualquier acción de gobierno, política pública, propuesta legislativa o discurso de los derechos humanos.
El discurso político, aun cuando buscara con toda sus fuerzas ser neutral, caería irremediablemente en un discurso normativo. La mera pretensión de una postura “neutral� o “amoral� supone una argumentación del por qué no debería contener premisas morales. Incluso, desde la lógica de incluir sólo proposiciones pragmáticas, se tendría que justificar, igualmente, por qué normativamente el argumento pragmático es el que debe permanecer como criterio.
En ambos casos, premisas morales entrarían en juego en la discusión. Ello no significa que toda postura política sea calificada como “éticamente correcta�, cosa que supone ya un juicio valorativo distinto a la mera pretensión moral que se encuentra implícita en el discurso. Tampoco pretendemos decir que la política sea una mera extensión o derivación de la ética; lo que buscamos es resaltar que el concepto del deber es un vaso comunicante, un “lugar� común donde sus fronteras se tocan, se influyen y retroalimentan.
Además de la complejidad teórica y práctica que supone la articulación de ambas disciplinas, la situación se complica si nos hacemos conscientes de nuestros tiempos. Nos encontramos en un momento crucial, en una época nueva; nos descubrimos en tiempos posmodernos en los que desconfiamos del metarrelato implícito en las ideologías, hemos experimentado injusticias y manipulación derivadas de las premisas que aluden a la “razón del Estado�. Somos más críticos con las expectativas de progreso de la Modernidad, conscientes de que necesitamos volver a definirnos. Quizá este sea el rasgo más distintivo de estos tiempos, estamos en una crisis del significado.

La modernidad líquida ha permeado nuestros conceptos: “hoy está en tela de juicio lo invariable de la idea�. Vattimo lo expone con su controvertida tesis de que la Verdad es violencia (pensamiento fuerte) y su propuesta hermenéutica por una verdad no metafísica (pensamiento débil). No hay Ser como lo permanente, sólo hay acontecimiento o devenir en el tiempo, cambiante y dado en una época histórica. En el mundo de la modernidad líquida, la solidez de las cosas, como ocurre con la solidez de los vínculos humanos, se interpreta como amenaza.
A pesar de la crisis del significado, paradójicamente, el devenir del mundo nos exige una postura; nos encontramos en un momento desbordado de acontecimientos que nos interpelan constantemente, el mundo de la política se está reconfigurando en sus distintos niveles, prácticas y retos. Si bien este tópico puede ser abordado desde distintas aristas; consideramos que un tema que puede ayudarnos a proponer un discurso filosófico y político sólido para responder a problemáticas como la promoción de la paz, el terrorismo, la discriminación, la inmigración, el cambio climático, la trata de personas, la desigualdad social, la violencia de género, las nuevas dictaduras, entre muchas otras, es precisamente, el discurso que alude a los derechos humanos.
La importancia del discurso de los derechos humanos en la reconfiguración de la política es evidente. Si observamos su función en 1948, cuando fueron proclamados oficialmente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y lo comparamos con el tremendo impacto que han tenido desde entonces, nos damos cuenta del trascendente rol que han alcanzado. Se han convertido en estándares en discusiones como: a) las condiciones de soberanía legítima; b) si la comunidad internacional tiene derecho a intervenir (en diferentes formas, hasta acciones militares) contra gobiernos o grupos de poder que los violen de manera masiva y sistemática; c) si los países son elegibles para ingresar a la Unión Europea; d) la responsabilidad de los cuarenta y siete gobiernos que son miembros del Consejo de Europa (incluyendo Rusia, Turquía, Hungría) ante un tribunal internacional como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que emite sentencias vinculantes que a menudo llevan a una alteración de legislación nacional, además, son la columna vertebral y la razón de ser de varias instituciones internacionales (por ejemplo, la Alta Comisión de las Naciones Unidas) y ONG influyentes y una fuente de inspiración para millones de activistas en todo el mundo, proporcionándoles un lenguaje común y una base compartida de iniciativa política. Independientemente de la frecuencia con que se violen los derechos humanos, estas normas han dejado de ser meras ocasiones de indignación y protesta moral; se han convertido en normas de decencia política con repercusiones concretas.
Si bien los derechos humanos han tenido un gran impacto, es también cierto que la reflexión sobre ellos no ha logrado estar a la altura de las exigencias de las discusiones que han surgido para su defensa y correcta aplicación. Para algunos autores, es dudoso que en estos tiempos nos encontremos en mejores condiciones para responder a cuestiones como: a) ¿por qué son derechos humanos?; b) ¿en qué se diferencian de los derechos morales?; c) ¿son simplemente derechos políticos?; d) ¿son una extensión de los derechos naturales tradicionales o son fundamentalmente diferentes?; e) ¿qué bienes humanos, libertades o prerrogativas deben proteger?; f) ¿cuál es la relación entre democracia y derechos humanos?; g) ¿es la democracia un derecho humano?; h) ¿los derechos humanos son inherentemente estándares occidentales? ¿Tienen una aplicación legítima en contextos no infundidos con una cultura pública liberal-democrática?
Todas estas importantes cuestiones tienen como punto de partida esta otra pregunta que apunta a la raíz de la cuestión y que, por ende, es de índole filosófica: ¿cuál es el fundamento de los derechos humanos?, es decir, ¿por qué son estándares que debemos obedecer? El discurso político en torno a éstos ha construido sus premisas desde tres principales enfoques:
El primero identifica los derechos humanos con estándares que tienen una normatividad vinculante, simplemente porque necesitamos los beneficios que éstos protegen. Los partidarios de esta perspectiva argumentan que son vinculantes porque sin ellos las sociedades apenas pueden prosperar o florecer tanto como podrían. Por lo tanto, los derechos humanos no protegen ninguna dignidad intrínseca de la persona. Más bien protegen y satisfacen las necesidades fundamentales que deben tomarse en serio mientras nos preocupemos por el bienestar de las personas.
Otra escuela de pensamiento argumenta que los derechos humanos son vinculantes porque han llegado a desempeñar un papel en la política internacional. Dado que, de hecho, definen los límites de la autoridad de un gobierno sobre su territorio, ipso facto deben tomarse en serio. No hay necesidad de una base filosófica pues ya tienen una base de facto. Son condiciones previas de la soberanía legítima y, si se violan, generan motivos ampliamente aceptados para la intervención de la comunidad internacional en los asuntos internos de un Estado.
Finalmente, hay estudiosos de una orientación más ortodoxa o tradicional que intentan rescatar la idea de que los derechos humanos son estándares legítimos y vinculantes porque las personas tienen una dignidad intrínseca que se debe respetar. Esta escuela más tradicional capitaliza y amplía la línea a menudo escuchada de que los individuos tienen ciertos derechos «en virtud de su humanidad», al encontrar en la noción de humanidad algún rasgo positivo que los derechos humanos deben proteger.
La primera perspectiva puede apodarse también como “reduccionista� o “instrumental�, en tanto que el fundamento de los derechos humanos alude más bien a la defensa de bienes o capacidades, ya sea la agencia racional, la de múltiples bienes o la de capacidades (oportunidades) para que los individuos puedan realizar sus funciones. La justificación es instrumental porque los derechos humanos son medios útiles para realizar ciertas características de la vida humana que se consideran valiosas y dignas de protección. Y son reduccionistas en tanto que se fundamentan en función de uno o varios bienes. La cuestión a resolver desde esta perspectiva es: ¿cuáles características de la vida humana?; pues dependerá de aquéllas que consideremos valiosas o dignas para encontrar los criterios para decidir cuándo se trata de un derecho humano.
A la segunda perspectiva se le objeta que cualquier teoría de los derechos humanos debería tener una condición de fidelidad en la manera en que son presentados en los documentos fundacionales y en la manera en que los activistas luchan por ellos. Es dudoso, sin embargo, que reducir el tema a su función política, realmente haga justicia a cómo se entienden estos derechos en la práctica. Hay una intuición central en los documentos: la dignidad intrínseca de los seres humanos.
La tercera perspectiva puede ser apodada como ortodoxa, en tanto conserva la intuición de los documentos fundacionales como es la Declaración de los Derechos Humanos, especialmente en las tesis que aluden al valor de la persona como fundamento básico de los derechos humanos:
Los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad.
La perspectiva ortodoxa suele centrarse en los argumentos que expresan el valor de la persona, más que el valor de lo que es el interés de esa persona. Las principales objeciones son precisamente en esta línea, pues cómo interpretar “un ser de cierto tipo cuyos intereses vale la pena proteger�, ¿no supondría que por ser “de esa naturaleza� no podríamos detener sus intereses cuando afectan a otros?, ¿qué tipo de valor tiene este ser y cómo funciona como fuente de derechos humanos? En última instancia, ¿cuál es el contenido de la dignidad? Derivado de estas preguntas, algunos consideran que este significado de dignidad es metafísico y que dificulta, por ende, su uso en el contexto político.
Otra objeción, aludiendo al fundamento metafísico de la dignidad ontológica, es la de Nussbaum; quien considera que para hacer que un enfoque basado en la idea de dignidad sea adecuado para la base de los principios políticos en una sociedad democrática pluralista, se requiere primero trabajar para desarrollarlo de una manera no metafísica, articulando la idea relevante de dignidad, de una manera que muestre el núcleo ético de esa idea, pero que no insista en vincularla con doctrinas metafísicas o psicológicas involucradas, sobre las cuales difieren las religiones principales y las concepciones seculares.
Las pretensiones de reconocer la dignidad humana suponen un valor que no depende de nuestros gustos subjetivos. Si sólo se tratara de una preferencia subjetiva, no habría modo de aludir a una dignidad humana que sustentara los derechos humanos. Precisamente, la conciencia, y por así decirlo, la indignación compartida ante el exterminio, la esclavitud, la trata de personas, entre otros crímenes, suponen que hemos descubierto la existencia de “algo� en la persona, que no puede ser utilizado sólo como un medio ordenado al Estado o alguna otra institución.
El ser humano es persona y tiene dignidad, esto significa que tiene un carácter absoluto: él es en sí mismo lo principal, radical, punto de partida y referencia. Más allá de sus facultades o de su capacidad de sociabilidad, el ser humano se revela como dotado de dignidad por la que debe ser tratado como un fin en sí mismo. En este sentido es que decimos que no tiene precio y que, por ende, no puede ser intercambiable. Su valor, por así decirlo, es invaluable.
Hoy en día el concepto de dignidad humana constituye uno de los ejes rectores del debate sobre derechos humanos. Los crímenes contra la humanidad tienen lugar cuando el ser humano no reconoce la humanidad que comparte con el otro. El antisemitismo (no simplemente el odio a los judíos), el imperialismo (no simplemente la conquista) y el totalitarismo (no simplemente la dictadura), uno tras otro, uno más brutalmente que otro, han demostrado que la dignidad humana precisa de una nueva salvaguardia; que sólo puede ser hallada en un nuevo principio político, en una nueva ley en la Tierra, cuya validez debe alcanzar esta vez a toda la humanidad y cuyo poder deberá estar estrictamente limitado, enraizado y controlado por entidades territoriales nuevamente definidas.
No siempre queda claro qué significa tener dignidad y de dónde le viene al ser humano el ser digno. Si no explicitamos estos supuestos, corremos el riesgo de no contar con criterios claros que nos permitan saber qué es lo que se transgrede, para que sea necesario manifestar la violación de un derecho humano.
La discusión del fundamento de los derechos humanos se puede abordar también desde lo que entendemos por dignidad humana; los tres enfoques para argumentar el discurso de los derechos humanos, suponen una manera de asumirla. En nuestra opinión, la dignidad es polisémica, es decir, tiene distintos significados:
a) La «dignidad de la sustancia humana» como tal (dignitas humanae substantiae) El mismo ser de la persona y su dignidad residen en el nivel de su esencia y de su naturaleza substancial; esto es, un ser humano posee una dignidad inalienable, no únicamente “cuando funciona como persona�, sino siempre y en virtud de “ser una persona�. La base de esta dignidad es el ser sustancial de un hombre y sus potencias, y no solo su realización; se caracteriza como indivisa porque cada persona humana la posee entera, en el mismo grado y es indestructible.
Esta acepción de dignidad se encuentra en el enfoque que defiende una dignidad ontológica como fundamento último de los derechos humanos. Desde este significado adquieren sentido los derechos humanos relacionados con la vida, así como el derecho a no ser mutilados, torturados, víctimas de abusos sexuales o expuestos a infecciones.
b) La dignidad de la personalidad despertada (del ser racionalmente consciente y de la vida de la persona). La vida consciente no es un mero accidente, sino un cierto modo de actualidad del ser personal. Desde este significado de dignidad, ésta sí se acrecienta y disminuye en la medida que ejercitamos nuestra agencia racional. Esta acepción es la que se encuentra en el discurso instrumental y reduccionista. Aquí podemos encontrar los derechos humanos como la libertad de expresión o el derecho de actuar conforme a la conciencia.
c) Dignidad moral. Esta acepción apunta, específicamente, a concebirla como una conquista, no como una posesión; surge únicamente de las virtudes éticas, de las perfecciones morales de la justicia, del amor a la verdad y la bondad. Esta dignidad no es inalienable ni nos pertenece de forma automática como personas. Es el fruto de los actos moralmente buenos y por ello resulta radicalmente diferente del primer tipo de dignidad. La dignidad moral subyace a muchos otros derechos humanos, tales como el derecho a una buena reputación o el derecho a réplica en una acusación injusta.
d) Dignidad otorgada o regalada. Se trata de los dones que dotan a todos los hombres o a algunos de una dignidad “gratuitamente concedida�; pueden ser naturales, inmanentes en las personas como son la belleza, la inteligencia, la genialidad, el encanto o la fuerza de carácter, etcétera. Estos últimos dones constituyen una dignidad especial en, por ejemplo, los genios y los artistas. También los roles y las funciones sociales pueden conferir a la persona nuevas dimensiones de la dignidad, que tienen como resultado nuevos derechos. Por ejemplo, el oficio de juez, concedido a un hombre o una mujer por la sociedad, puede dar lugar a una nueva dignidad y a un nuevo derecho: el derecho a la independencia del juez o de la jueza.
Después de exponer las diversas acepciones de la dignidad humana; y de analizar cómo a partir de éstas pueden encontrarse distintos fundamentos y tipos de derechos humanos, podemos darnos cuenta de que los múltiples significados apuntan diferentes fuentes de ésta. El análisis del discurso de los derechos humanos debe hacerse especialmente desde estas coordenadas. Esto, sin embargo, no resuelve todavía el problema en las discusiones de la colisión entre derechos humanos, pues queda aún preguntarnos cuál de sus sentidos es la más importante: la dignidad innata o la adquirida. La discusión puede plantearse en términos de si es la dignidad ontológica la más importante o más bien aquélla que construimos por nuestros actos racionales o morales. En realidad, ambas son importantes. La importancia de la primera radica en que es la condición de posibilidad de las demás y, en cierto sentido, la más básica. Las acepciones de dignidad que se adquieren desde la agencia racional o los actos moralmente buenos, son importantes en tanto que nos afirman como personas.
En el fondo, resistirnos a reducir la noción de dignidad a una sola de sus acepciones es apostar por una postura, en cierto sentido, iuspersonalista; entendiendo por ésta una perspectiva donde la defensa de la dignidad de la persona humana es el eje central del quehacer moral y jurídico.
Se trata, como planteaba Kant, de considerar a la persona con dignidad. Con un valor en sí mismo (absoluto). En la segunda formulación del imperativo categórico: “Obra de tal modo que consideres a la humanidad tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como fin y nunca solamente como un medio�, Kant nos proporciona el fundamento material de todo derecho humano. La constitución del ser humano como sujeto moral, mediante la razón y la libertad, ordena al mismo tiempo el reconocimiento de sí mismo como de cualquier otro, en calidad de objeto moral, en calidad de persona. 
Los derechos humanos son exigencias filosóficas y jurídicas que responden a la justicia que la misma dignidad humana reclama. La persona es fuente auto-originante de lo que en justicia le es debido. Precisamente, en esto radica la diferencia teórica y práctica del papel del Estado respecto a los derechos humanos, si éste debe reconocerlos u otorgarlos. Si seguimos el discurso de la dignidad, podemos decir que lo característico de los derechos humanos es que se reconocen.
El actual principio “pro persona� (pro homine), se ha convertido en una pauta para la regulación jurídica de los derechos humanos en nuestro país y en el contexto internacional. Este fundamento se concibe como un criterio hermenéutico que informa a toda la doctrina de los derechos humanos. Conforme a lo que hemos expuesto, consideramos fundamental que éstos sean interpretados desde una noción de dignidad polisémica y no unívoca.
Debemos evitar el error de considerar que no todos los seres humanos son personas o que sólo existe una fuente de la dignidad. Es necesario, si se nos permite la expresión, lidiar con los significados de dignidad en las discusiones sobre los fundamentos de los derechos humanos y la colisión entre éstos, sin caer en el error común de reducir el ser de la persona a su actualización o realización efectiva y plena. Pues cuando sufrimos este descuido, excluimos a muchos.
Si nos hacemos conscientes de lo que implica afirmar la dignidad de la persona, las pautas de la discusión y el análisis de los fundamentos del discurso ético, tendrán que ir en función de buscar, progresivamente, el mayor beneficio y reconocimiento de las personas y, en especial, de los más vulnerables.

Notas y referencias: