El siguiente trabajo busca revisar la relevancia del paradigma de los derechos humanos, en las transformaciones experimentadas por la izquierda durante la dictadura militar y el proceso de transición a la democracia y la postdictadura en Chile; tomando, para esto, el caso del Partido Comunista, en su relación con las organizaciones del movimiento de derechos humanos que se articula en dicho periodo, desde su propia experiencia y práctica política. Pero, nos interesa revisar lo anterior, partiendo de la consideración de que las transformaciones experimentadas por la izquierda en Chile han sido investigadas desde sus contenidos ideológicos y políticos, pero no desde el paradigma de los DDHH, directamente.
Al revisar esta relación, constatamos, en primer lugar que el movimiento de DDHH en Chile, así como la relevancia del paradigma e ideas propuestas desde las organizaciones que se vincularon a él, no ha sido una temática suficientemente desarrollada por las investigaciones que se han centrado en la historia reciente de nuestro país; siendo muy escasos los trabajos respecto a esta materia en Chile. En contraposición a ello, los temas de estudio que emergen después del golpe de Estado de 1973, sí han concitado la atención de los investigadores. Como señala Valdivia, existe un desbalance en la producción historiográfica, donde aparecen temas sumamente cubiertos, mientras otros corresponden a “silencios” de la disciplina; uno de ellos son los estudios en torno a las organizaciones de DDHH y los actores que tuvieron un papel relevante en la resistencia y la lucha por la defensa de los derechos humanos.
La segunda constatación que podemos mencionar, y en contraste con la realidad chilena, es que los estudios relacionados con la temática de los DDHH, junto con los movimientos que surgen a su alero, tanto en Chile como en América Latina, sí han concitado la atención de investigadores extranjeros, quienes los han analizado como un elemento clave para entender los procesos políticos y sociales que emergen a partir del desarrollo de las dictaduras en América Latina, en el contexto de la Guerra Fría; así como la relevancia de esta narrativa en las transformaciones de la izquierda, en términos de su discurso y práctica política.
Partiendo del estado de este debate, nuestra propuesta aborda elementos de la práctica política del PCCh dentro del paradigma de los DDHH, donde destaca su experiencia como víctima directa de la represión y la violencia dictatorial; y su vinculación con las organizaciones del movimiento de derechos humanos en Chile; la cual se proyectó luego en el nuevo contexto democrático.
De esta forma, en diálogo con las miradas que han observado los cambios operados en la izquierda chilena, durante la dictadura y la postdictadura, desde el debate y la reflexión ideológica acerca de ciertas categorías, revisaremos una dimensión no considerada en este análisis; es decir, el paradigma de los DDHH; pero además, desde una dimensión que considera la práctica y la experiencia como elementos generadores de cambios en lo ideológico y lo político. Nos acercamos a un enfoque que busca realizar una historia social de la política. Es decir, cómo las organizaciones sociales influyen en las organizaciones políticas y viceversa.
Desde nuestra consideración, el paradigma de los Derechos Humanos en Chile fue un factor político fundamental en la derrota de la dictadura; y también en los procesos de cambio y transformación de la izquierda durante la postdictadura. El PCCh fue resignificando su relación con dicho paradigma, generando nuevas interpretaciones del tema; a partir del impacto de la represión que experimentó durante la dictadura; y luego, mediante su participación al interior de las organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos fundamentales durante democracia.
Así, la práctica política y la experiencia del PCCh en torno a los DDHH, generó cambios en su visión de mundo, lo cual repercutió en las formas en que este partido se adaptó al nuevo contexto democrático; y que lo conduce a la proyección, en su lectura política de la realidad, de una continuidad de la dictadura luego de 1990, al identificar la persistencia de deudas en torno a la resolución de los casos de violaciones a los derechos humanos.
De esta manera, el paradigma de los DDHH influyó en la historia reciente de Chile; en el sentido de que generó cambios en la concepción sobre múltiples temas; incorporándose como un nuevo componente en la historia política nacional y marcando la historia de la transición, al constituirse como un elemento de continuidad entre dictadura y democracia.
El Partido Comunista y el movimiento de DDHH durante dictadura
El movimiento de Derechos Humanos en Chile, fue una de las primeras formas de resistencia a la dictadura que se expresa luego del golpe de Estado de 1973; y fueron también las demandas que agruparon a las organizaciones de este movimiento, las que constituyeron las banderas de lucha más emblemática contra el régimen de Pinochet.
Las organizaciones que lo compusieron lograron articularse poco tiempo después del golpe de Estado, como una respuesta a la política represiva y violenta de la dictadura; fundándose al alero de tres instituciones vitales de la sociedad chilena en ese minuto: la Iglesia, la familia y los partidos políticos. Arrimadas a la actividad de estos organismos, se comenzaron a constituir grupos de personas organizados por la situación de sus familiares detenidos o desaparecidos. De ahí surgen una serie de organizaciones que van a desarrollar una lucha por los Derechos Humanos durante los años que duró la dictadura. Dentro de las más emblemáticas destacan la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) y la Agrupación de Familiares de Presos Políticos (AFPP).
Como indicamos anteriormente, al ser el PCCh una de las organizaciones políticas golpeadas por la dictadura su vinculación con las organizaciones de DDHH fue un proceso natural que se dio a través de la participación de sus militantes al interior de estas. Fue normal que las familias de militantes, al saber que sus seres queridos eran detenidos, buscaran ayuda en el partido y en sus redes de apoyo; por lo que, al interior de las organizaciones de DDHH, se encontraron participando militantes o familiares directos de militantes de este partido.
Pero más allá de la relación inicial entre ambos actores, durante la dictadura podemos ubicar ciertas situaciones traumáticas y coyunturas de represión que son relevantes en tanto permiten acelerar la conformación de estas organizaciones y definir la postura del PCCh en torno a las violaciones de los DDHH y las exigencias de verdad y justicia en estos casos.
La primera ocurre en julio de 1975, cuando en diversos diarios y revistas extranjeros, fue publicada la noticia de la muerte de 119 militantes de movimientos de izquierda en supuestos enfrentamientos internos. Esta maniobra de manipulación de la información fue dirigida por el régimen militar, en la denominada Operación Colombo; en un momento en que los familiares de dichas personas desconocían su paradero ya que habían sido detenidos por los órganos represivos del Estado. Sin embargo, para las organizaciones de DDHH y el PCCh, estas publicaciones fueron la primera evidencia de que el régimen estaba asesinando a los detenidos y detenidas por razones políticas.
Un segundo acontecimiento relevante ocurre en el mes de septiembre de 1976, cuando el mar, en el sector de Los Molles devolvió, con evidentes señales de tortura, el cuerpo de Marta Ugarte, miembro de la dirección clandestina del partido comunista que había sido detenida por el régimen en agosto de ese mismo año. La aparición su cuerpo desmintió la versión que los medios oficialistas divulgaban a la opinión pública internacional, y que negaba la existencia de detenidos desaparecidos. Sus hermanas Berta e Hilda, junto a otros familiares de ejecutados políticos, a partir de este momento, comienzan a constituir los primeros lazos de la que después sería la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos AFEP.
En agosto de 1978, en los hornos de una mina de cal abandonada en la comuna rural de Lonquén, fueron encontraron los restos óseos humanos de 15 campesinos, de entre 17 y 51 años, que habían sido detenidos en 1973 por las fuerzas policiales de la localidad. Este fue el primer hallazgo de varios detenidos desaparecidos asesinados en recintos clandestinos.
Romería a los hornos de Lonquén, 25 de feberero de 1975.
Estos acontecimientos además lograron romper el cerco comunicacional instalado por el régimen, ya que fueron ampliamente conocidos por la población del país. A partir de este momento, es decir, a fines de la década de los 70, las organizaciones de DDHH comienzan a tener una participación más pública en su lucha por la verdad y la justicia, a través de distintas formas de visibilizar sus demandas. Entre ellas se cuentan las primeras manifestaciones públicas desde el golpe de Estado, como las huelgas de hambre, encadenamientos a edificios públicos y también, la participación en instancias internacionales; donde denunciaron las violaciones de los DDHH que tenían lugar.
Manifestación de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos en las rejas del Palacio de Justicia, Chile. 18 de abril de 1979.
De igual forma, la postura del PCCh respecto a los casos de violaciones a los Derechos Humanos se cristalizó, desde un inicio, en una posición que no admitía concesiones en relación con este tema en ninguna circunstancia. Así, el trabajo del PCCh durante la dictadura, coordinó acciones enfocadas a la defensa de los derechos humanos en el interior del país, a través de la participación directa de sus militantes en la organización de las primeras agrupaciones de familiares y, complementariamente, en el exterior, por medio de sus militantes en el exilio; quienes enfocaron parte de su trabajo político habitual hacia la visibilización de las violaciones de los DDHH en Chile a través de distintas actividades; que convocaban a la comunidad internacional al rechazo y al aislamiento de la dictadura de Pinochet.
Si bien las manifestaciones que denunciaron las violaciones de los derechos humanos fueron unas de las primeras y pocas expresiones en contra de la dictadura que se producen durante la década de los 70, esto cambió a partir de 1983; con el inicio de movilizaciones masivas y los llamados a jornadas de protesta nacional contra la dictadura que marcaron esa década; y que se extendieron, casi ininterrumpidamente, hasta 1986; retomando después esta práctica hasta el término de la dictadura.
Fueron estas movilizaciones, promovidas por un sector de la oposición a la dictadura en el que se ubicaron los comunistas, las que terminaron por acelerar el proceso de transición a la democracia; ya que los episodios de movilizaciones y violencia en la protesta amenazaron, en algún momento, con poner en una situación compleja a la dictadura; quien prefirió negociar con los sectores de la oposición más moderada, el proceso de traspaso del poder.
Es en este contexto que el PCCh articuló su Política de Rebelión Popular de Masas; la que buscaba, a través de diversas formas de lucha, incluyendo el uso de la violencia directa contra el régimen, hacer caer la dictadura. En este cuadro, donde la movilización de masas adquirió relevancia, la lucha de las organizaciones de DDHH y la denuncia de estos temas, también fue importante para el PCCh en su elaboración política.
Manifestación de agrupaciones de familiares en el contexto del llamado a la sexta jornada de protesta nacional, 27 de octubre de 1983.
Es posible rastrear lo anterior en los documentos de debate de la organización. El documento de convocatoria a la Conferencia Nacional de 1984, indicaba que en un eventual escenario de retorno a la democracia, era ineludible la investigación y el juicio de los crímenes cometidos contra los DDHH en Chile; con el objetivo de que esto no volviera a repetirse; marcando, de esta forma, la posición inflexible del PCCh respecto a estos asuntos.
De igual forma, en el documento de convocatoria al pleno de su comité central en enero de 1985 se llama a “multiplicar la actividad por la defensa de los derechos humanos, acrecentar aún más la lucha solidaria del exterior, elevar la participación de los familiares de los detenidos, relegados, asesinados y desaparecidos por el régimen. Tenemos que ser capaces de transformar esta actividad en un factor que pese en la conciencia de los militares y lleve a un nivel aún mayor el aislamiento del régimen”.
Como indicamos, la propia experiencia de los comunistas en la lucha por la defensa de los derechos humanos durante la dictadura, fue significativa también en su diseño para terminar con el régimen; acompañando este tema su práctica política a lo largo de la dictadura; lo cual terminó por situar este tema como uno de los elementos más significativos para la organización en la proyección de una democracia plena.
El Partido Comunista y las organizaciones de Derechos Humanos en democracia
Para adentrarnos en esta cuestión, es importante contextualizar cómo se desarrolló el proceso de transición a la democracia en Chile y cómo el PC se situó en él. Tal vez lo más significativo para este estudio es que este proceso presentó varios nudos y cuestionamientos derivados del modo particular en que se produjo; es decir, a través de una negociación entre la oposición moderada al régimen y los propios integrantes de este.
De esta forma, para el PCCh fue posible sostener que varios de los elementos centrales instalados por el régimen militar se mantendrían en acuerdo con el nuevo gobierno electo; lo que estaba lejos de las aspiraciones que los comunistas habían esbozado para un nuevo contexto democrático. Recordemos que el PCCh fue impulsor de una política insurreccional para terminar con el régimen de Pinochet, por tanto, en este cuadro, quedó totalmente excluido del proceso de negociación de la transición y luego relegado a la marginalidad institucional; al quedar también excluido del sistema de representación política luego de desarrollarse nuevamente elecciones del parlamento en el año 1989, con un nuevo sistema electoral binominal.
Todo lo anterior influyó en que los comunistas chilenos recibieran el nuevo contexto democrático atravesando, a la vez, una de las crisis internas más grandes de su historia como organización; la cual coincidió, además, con los cuestionamientos internacionales a la viabilidad de los proyectos socialistas, luego de la caída de la URSS y que afectaron a la mayoría de los partidos comunistas y de izquierda en el mundo. Esto fue relevante porque puso en cuestionamiento la posibilidad de dar continuidad y viabilidad a una organización y un proyecto como el de los comunistas en Chile, marcando el contexto en el cual estos se movieron en el escenario político nacional, al menos durante los primeros años de la postdictadura.
En este escenario, el PC chileno, durante la década de 1990, se esforzó por sobrevivir como colectividad, intentando adaptarse a la nueva realidad democrática del Chile postdictadura. Esto lo hizo, principalmente, a través de la persistencia de su participación en los movimientos sociales; ya que sería la forma en que le fue posible subsistir e influir en la política nacional, ante la exclusión institucional a la cual se vio enfrentado.
Por otra parte, y en relación con las organizaciones del movimiento de DDHH, el momento de retorno a la democracia amplió sus expectativas respecto a la búsqueda de una solución al problema que las había movilizado durante años. Principalmente porque el programa inicial del gobierno de Patricio Aylwin (1990-1994) reconocía lo relevante de este tema junto con la necesidad de encontrar la verdad y la justicia para las víctimas de la dictadura.
En el programa Aylwin se señalaba que el gobierno se empeñaría en el establecimiento de la verdad en los casos de violaciones de derechos humanos que se hubiesen cometido a partir del 11 de septiembre de 1973; se procuraría el enjuiciamiento, de acuerdo con la ley penal vigente, de las violaciones de los derechos humanos y se derogarían las normas procesales, dictadas bajo el régimen militar y que ponían obstáculos a la investigación judicial en estos aspectos. Esto dio lugar a la suposición de que el gobierno promovería la derogación o nulidad del Decreto Ley de Amnistía y buscaría formas de reparación a las víctimas de la dictadura.
Sin embargo, esto no sucedió. El gobierno debió mediar entre posturas muy excluyentes. Por un lado, las de las organizaciones de DDHH, y por otro, las provenientes de un sector que agrupaba a los partidos de la derecha y las Fuerzas Armadas. Sector, este último, con gran poder en el país y cuyos integrantes esperaban que el nuevo gobierno promoviera una política de “borrón y cuenta nueva” con estos temas.
Por esto, y a pesar de estar presente en su propuesta de gobierno, al interior del ejecutivo no existió un consenso respecto del alcance de las políticas de reparación en esta materia; lo que finalmente significó el incumpliendo de su programa y, particularmente, la no derogación del decreto de Ley de Amnistía de 1978; que impedía juzgar los crímenes cometidos durante la dictadura, ya que se consideró que esta medida no era viable políticamente en ese minuto y generaba importantes tensiones con las FFAA y la derecha. El gobierno estimó que no se encontraba en disposición de asumir tales conflictos ante la inminente amenaza de una regresión autoritaria, un fantasma recurrente durante el gobierno de Patricio Aylwin y que se hizo presente en varios conflictos que se dieron en ese momento entre el ejecutivo y las Fuerzas Armadas.
De esta forma, la persistencia de estos enclaves autoritarios luego de la inauguración del régimen democrático en Chile, justificó la importancia del movimiento de Derechos Humanos. Sin embargo, este se vio severamente limitado en su acción por las restricciones de los otros enclaves y especialmente por el riesgo de la regresión autoritaria.
Los conflictos que involucraron al PCCh, en su relación con el movimiento de DDHH, en este nuevo escenario democrático son varios. Sin embargo, para los efectos de este trabajo, hemos querido destacar tres; los cuales creemos que son significativos para entender la forma en que se desarrolló este proceso; debido a que también fueron coyunturas que desencadenaron puntos de conflicto entre los gobiernos democráticos que se desarrollan en los primeros años de la postdictadura (1990-1998) y el movimiento de DDHH en Chile; las que fueron moldeando la actitud, la política y las formas de actuar del PCCh en este muevo contexto.
La primera de ellas corresponde a la creación de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación en 1990 por parte del presidente Aylwin; esta constituye una de las primeras medidas de los gobiernos democráticos en la línea del esclarecimiento de las violaciones de los DDHH ocurridas en dictaduras. Dicha Comisión buscó esclarecer el alcance de estos casos y hacerlos públicos para que la sociedad chilena pudiera conocer una parte de su historia.
AFDD frente a La Moneda, esperando a la entrega del Informe Rettig. 8 de febrero de 1991.
El trabajo de la Comisión dio como resultado el denominado Informe Rettig. En dicho informe, que se mantuvo en el marco de los poderes investigativos y no judiciales, se reconoció, por parte del Estado, la existencia de violaciones a los DDHH en los 17 años de dictadura pinochetista; lo cual fue valorado por parte de las organizaciones de DDHH y el mismo PCCh. Pero, si bien podríamos considerar estos esfuerzos como un paso importante, el resultado y el proceso mismo dejó muchos temas pendientes y no resueltos que fueron rápidamente señalados por las organizaciones de Derechos Humanos.
Tal vez, una de las más complejas tuvo que ver con que los resultados sólo hicieron referencia a las víctimas asesinadas, no considerando las detenciones, torturas, campos de concentración, a los exiliados ni exonerados políticos. Además, se criticó por parte de las organizaciones de DDHH que el trabajo de la Comisión Rettig partió de la base de la existencia de la Ley de Amnistía, por lo que en ningún momento se buscó hacer justicia para los casos que el informe describía. En este sentido, el llamado de las organizaciones al gobierno apuntó a que se indicara el paradero de los detenidos desaparecidos y quiénes habían sido los responsables de los crímenes que el Informe revelaba, para luego derogar la Ley de Amnistía y hacer justicia sobre los casos denunciados.
En el caso del Partido Comunista, sus reparos coincidieron con los de las organizaciones de DDHH. Pero además, el PC criticó que el informe dejara entrever juicios e interpretaciones políticas e históricas que tendían a “relativizar las responsabilidades de la derecha y a legitimar a los hechos el golpe de Estado junto con sus tremendas consecuencias”. Esto, debido a que en el Informe se señalaban los hechos del 11 de septiembre como consecuencia del proceso de confrontación violenta que había caracterizado al gobierno de la Unidad Popular y, además, se homologaba el uso de la violencia como herramienta de autodefensa, apoyada por el PC contra la dictadura, a la violencia ejercida por la represión dictatorial. De ahí las profundas diferencias que existían, según el PC, en la interpretación de los hechos históricos que el informe indicaba.
Partiendo de esta coyuntura, el PC concluyó que el país se encontraba en un momento político marcado por los asuntos relacionados con los DDHH; lo cual se puede observar en los documentos y declaraciones de esta organización en dicho periodo. Por ello, buscó proyectar un movimiento de masas que diera sustento a sus reclamos en torno a dichos temas; ya que entendían que la temática relacionada con los derechos humanos les permitía articular demandas estratégicas, para resolver la contradicción principal del periodo que los comunistas definían como democracia versus continuismo de la dictadura. De ahí su interpretación del Informe Rettig como un hecho político que abría paso a un nuevo momento en el proceso de transición y que debía seguir articulando movilizaciones por la verdad y la justicia; ya que todo avance en este sentido, implicaba un paso adelante en el desplazamiento y desmantelamiento del poder paralelo que mantenían los ex integrantes de la dictadura, en el enjuiciamiento político del continuismo; para reducir así la influencia de la derecha y acelerar la democratización de las instituciones del Estado.
Un segundo momento tiene que ver con la intensión, por parte de los gobiernos democráticos, de aprobar Las Leyes de Punto Final; lo cual acrecentó las diferencias entre los comunistas y los gobiernos de la época. Esto ocurre durante el segundo gobierno de la Concertación, en el mandato del presidente Frei, quien tuvo una actitud distinta respecto de los temas de DDHH; debido a que, en reiteradas oportunidades, buscó superar los temas no resueltos en esta materia; asumiendo que los esfuerzos se habían desarrollado durante el gobierno anterior. En este contexto, promovió propuestas de modificaciones legales en acuerdo con algunos sectores de la derecha y de las FFAA, para abordar, entre otros asuntos, el cierre de los casos pendientes en términos de violaciones de los DDHH; lo cual abrió nuevamente un conflicto entre el gobierno y las organizaciones de DDHH.
La primera iniciativa en esta línea se produce cuando el gobierno, en agosto de 1995, envía un paquete de tres proyectos de ley al senado; que buscaban resolver, de forma jurídica, reivindicaciones de las Fuerzas Armadas, a cambio de algunos avances en aspectos democráticos. El primero de ellos establecía una propuesta de punto final a los juicios, por lo cual fue duramente criticado. El segundo entregaba facultades a los presidentes de la república para destituir a los comandantes en jefe de las fuerzas armadas. El tercero modificaba la composición del Consejo de Seguridad Nacional y el Tribunal Constitucional, además de poner fin a los senadores designados. La llamada “Ley Frei” fue rechazada, para luego, meses después, ser propuesta nuevamente con algunas modificaciones, las que finalmente también fueron rechazadas en el parlamento
Destacamos, en este contexto, el rol que jugaron las organizaciones del movimiento de DDHH, las cuales levantaron distintas iniciativas en contra de estas medidas. Por otra parte, el desarrollo de estos acontecimientos permitió que los planteamientos del PCCh sobre estos puntos tuvieran visibilidad y repercusión a nivel nacional; al marcarse, comunicacionalmente, como uno de los actores contrarios a lo que proponía el gobierno en el marco de este conflicto.
En el año 1994, además, se lleva a cabo el XX Congreso el PC; en el cual, uno de los temas a debate de mayor relevancia fue el de los DDHH, que derivó en una posición intransable al respecto. Dentro de las resoluciones aprobadas se reafirmó, además, la insuficiencia del Informe Retting, en tanto constituyó “una verdad parcial”; además de la crítica al concepto de “justicia en la medida de los posible” y un rechazo a los intentos por imponer una Ley de “Punto Final” por parte de los gobiernos de la Concertación. Finalmente, se plantea la necesidad de constituir un movimiento por los derechos humanos de forma permanente. En coherencia con lo anterior, la destacada dirigente de la AFDD, Sola Sierra, es reelegida como miembro de su comité central, lo cual habla de una alta valoración de su rol como dirigente y la importancia que se le imprime a su presencia como militante al interior de esa organización.
Adhesión de la brigada de propaganda del PCCh, en el marco de la campaña contra las leyes de punto final. Enero 1995.
La tercera coyuntura que nos ocupa es la que acompaña la detención de Pinochet en Londres, en 1998; que resulta relevante para analizar la vinculación del PCCh con el movimiento de DDHH en Chile, durante la postdictadura. Cabe señalar que, durante ese mismo año, la figura de Pinochet levantó varios episodios de conflicto. En el mes de enero, el PC interpuso la primera querella en su contra, por los delitos de genocidio, homicidios múltiples calificados, inhumación ilegal, secuestro y asociación ilícita; lo cual sentó un precedente relevante para los intentos posteriores de enjuiciarlo. Por otra parte, durante el mes de marzo, Pinochet deja su cargo como comandante en jefe del Ejército para asumir el de senador vitalicio. Este hecho generó acciones de protesta y rechazo de varios sectores de la sociedad; así como el despliegue de iniciativas para impedir su nombramiento institucional como senador.
Gladys Marín, secretaria general del PCCh junto a Eduardo Contreras presentan la primera querella contra Pinochet.
Meses después, el 16 de octubre de ese mismo año, se produce su detención en Londres, a partir de la solicitud de extradición del Juez español Baltazar Garzón, quien buscaba interrogarlo por acusaciones de violaciones a los derechos humanos.
La reacción del gobierno chileno, a partir de la detención de Pinochet, fue rechazar la extradición del exdictador a España, apoyando su defensa jurídica. Esto se justifica a partir de un cuestionamiento a la legalidad de la detención; se señaló que el exgeneral contaba con inmunidad diplomática por su calidad de senador vitalicio, de acuerdo con la Constitución chilena vigente. También se cuestionó la territorialidad de la jurisdicción penal, por lo cual se señaló que no correspondía juzgarlo en tribunales extranjeros.
Esta coyuntura evidenció las limitaciones y dificultades de la transición chilena con relación a las violaciones de los derechos humanos en un contexto internacional, en el cual los hechos por los cuales se condenaba a Pinochet eran considerados, desde todo punto de vista, crímenes de lesa humanidad.
Por otra parte, la detención de Pinochet reavivó, nuevamente, el conflicto por los casos pendientes de violaciones de los derechos humanos en dictadura y el resurgimiento de un sentimiento antipinochetista; que el PCCh aprovechó para reimpulsar sus críticas contra la institucionalidad chilena, la cual, aseguraban, era el resultado de un modelo heredado de la dictadura.
Es importante dar cuenta de las manifestaciones que cruzan el desarrollo de esta coyuntura, impulsadas por las organizaciones de derechos humanos. De esta forma, fue posible visibilizar la demanda contra de la impunidad; la cual, a partir de la apertura de este conflicto, daba cuenta de que lograba agrupar a un sector importante de la sociedad que se opuso y fue contrario a la dictadura. Por otra parte, permitió identificar a un sector antagónico que apoyó abiertamente al régimen de Pinochet y que ahora también se movilizaba por la defensa del exdictador. Así, se hizo evidente una vez más, el enfrentamiento entre sectores de la sociedad que tenían visiones contrapuestas respecto a un periodo reciente y no superado hasta ese momento por la transición a la democracia en Chile; por lo que, para el PCCh, esta fue la reafirmación de que se mantenía vigente la tensión entre dictadura versus democracia en el debate público y político.
La actitud del gobierno para traer de vuelta a Pinochet, marcó aún más la distancia con el Partido Comunista, los que con esto terminaron de homologar a la Concertación con la derecha, que ante este hecho, logra identificar por completo a la Concertación con la derecha, señalando su complicidad con la dictadura. Esta actitud también marcó un quiebre en el propio oficialismo y en quienes habían apoyado al gobierno; lo cual permitió que los comunistas acercaran sus posiciones a un sector de la población que antes había apoyado a la Concertación, pero que ahora se sentía decepcionado al evidenciarse la postura de esta ante la detención de Pinochet.
Esta coyuntura, además, se cruzó con el desarrollo del XXI Congreso Del PCCh. Dentro de sus resoluciones, se reiteró la importancia de las tareas del movimiento por la defensa de los derechos humanos; también se pretendió una perspectiva más amplia e integral de los DDHH, que incluyera las demandas y la lucha del pueblo mapuche y tuviera una dimensión latinoamericana, opuesta a la impunidad ante cualquier acto de represión de que fueran objeto otros movimientos sociales en el continente. Lo anterior es significativo, ya que, a pesar de lo difícil que resultó para esta organización mirar la temática de los DDHH desde otra dimensión que no fuera la vinculada a los casos ocurridos durante la dictadura, se evidencia un esfuerzo por dar un salto en un sentido más amplio. Es discutible si el objetivo se logró o no, pero al menos, dentro de la delimitación de su política y sus debates internos, se puede observar esta preocupación.
Por otra parte, el PCCh determinó levantar la candidatura presidencial de Gladys Marín, aprovechando la coyuntura de la detención del dictador para posicionarse como una alternativa política a la Concertación. Sin embargo, a pesar de que, efectivamente, existió una valoración positiva por parte de la población chilena respecto de la consecuencia entre las ideas y el actuar del Partido Comunista, de sus militantes y, particularmente, de la figura de Gladys Marín; existió también una percepción de que su discurso se encontraba centrado en el pasado y era monotemático, al solo mostrarse como un referente en relación con el tema de los DDHH y la búsqueda de la verdad y la justicia. Esto dio pie a las críticas hacia la organización, en el sentido de que se señaló la carencia de un proyecto político capaz de administrar el país; lo cual, creemos, influyó como un factor determinante, en los resultados de las elecciones presidenciales de 1999; donde su propuesta sólo alcanzó un 3,19% de las preferencias.
Complementariamente, el PCCh y las organizaciones de DDHH que se articularon a partir de esta coyuntura, plantearon la necesidad de modificar en profundidad la institucionalidad vigente; lo cual implicaba la discusión de una nueva Constitución, debido a que las actuales condiciones en Chile no permitían el ejercicio de la justicia en el país: articulándose, de esta forma, una campaña para exigir la realización de un plebiscito para modificar la Constitución.
Luego de un proceso judicial que duró 16 meses, Pinochet fue liberado por la justicia inglesa, apelando a su estado de salud y, paradójicamente, por razones humanitarias. Después de esto, vuelve a Chile. Ya en el país, y a partir de la querella presentada por el PCCh en 1998, se inicia el proceso en su contra, al cual se sumaron más de 200 querellas por violaciones de los derechos humanos y en las cuales el movimiento de DDHH tuvo un rol activo, al denunciar y acompañar el juicio en su contra, exigiendo el fin a la impunidad en estos casos.
Conclusiones
A partir de este análisis, consideramos pertinente ampliar la investigación acerca de aquellos temas que versan sobre los periodos de dictadura y democracia en Chile, así como la tensión entre ellos; en cuanto marco histórico en que el movimiento de DDHH y el PCCh, asumen determinadas posiciones que determinarían su identidad y sus propuestas políticas. Evidenciándose, también, la relación entre ambos; que nos permite sostener la tesis acerca de la particular influencia ejercida por el movimiento de DDHH sobre el PCCh. Ello permitió que dicha organización política pudiera desarrollar, al alero de aquel movimiento, su actividad política, tanto en la dictadura como en la democracia; y, en situaciones críticas, ayudó a la supervivencia de la organización.
Esto, sin duda, determinó que el paradigma de los DDHH fuera especialmente relevante para el PCCh, encontrándose fuertemente arraigado en su identidad política y en la configuración de un imaginario particular. Ello se manifestó, en primer lugar, en el compromiso de la organización con la demanda de la verdad y la justicia para las víctimas de la dictadura y en la defensa de los DDHH.
Esto último se asocia a la experiencia de la dictadura y se establece como elemento propio de la cultura militante de los comunistas, relacionado directamente con ellos. El recordar a sus muertos y desaparecidos, junto con la exigencia de justicia para ellos y sus familias, como un compromiso intransable del PCCh, permitió mantener viva una memoria asociada a este pasado traumático, pero que encontraba una proyección en ese momento y le daba sentido a su accionar político. Esto contribuyó al desarrollo de un estilo confrontacional, por parte del PCCh, con los gobiernos de la Concertación, en su rol de oposición; al tensionarse esta relación a partir de determinadas coyunturas asociadas a temas de DDHH que se desarrollan en la década de los 90.
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